Sobre este punto, hay varios trabajos de interés. Es recomendable, entre ellos, Tale, Camilo, «Los legítimos fines de la pena jurídica», en AA.VV. (Hernández, Héctor, Dir.), Fines de la pena. Abolicionismo. Impunidad, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2010, páginas 163-167. En esas páginas, Tale cita a uno de esos otros estudios: Cabral, Luis, Compendio de derecho penal y otros ensayos, 2da. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, pág. 293 y ss.

La «cárcel» en las épocas de la redacción del texto constitucional originario (1853) era, fundamentalmente, el establecimiento en el cual se cumplía la detención cautelar, previo a una eventual condena, es decir, mientras regía la presunción de inocencia del encarcelado. Y de ahí viene la expresión «para seguridad y no para castigo».

Toda pena es, materialmente, un padecimiento, una aflicción. Y se impone como respuesta a una culpa. Como no se puede imponer a alguien que es tenido por inocente -en el sentido de que no se ha comprobado su culpa mediante un juicio previo-, es que la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, sino solo una medida de seguridad, que tradicionalmente se reconocía para evitar la reiteración delictiva, impedir la fuga y limitar el riesgo de entorpecer las investigaciones. Es decir, la prisión preventiva no es para castigar sino para seguridad. La pena sí es castigo.

La misma Constitución Nacional, en su art. 75 inc. 12 reconoce que debe haber un Código Penal, que no es otra cosa que un cuerpo normativo que contempla delitos y las penas -o castigos- que les corresponden a quienes los cometen. Y en diversos artículos -más aún después de la reforma de 1994 y la incorporación del art. 75 inc. 22-.